Por Alejandro Pérez Portocarrero
III- El gran silencio electoral y la complicidad política
La desatención a la educación también se ha vuelto evidente durante el reciente proceso electoral. Una contienda caracterizada por tener en carrera a algunos de los que han hecho de la educación un negocio; en la que pocos se han atrevido a decir de dónde saldrán los recursos para los cambios necesarios; y en la que algunos han tenido incluso la osadía de promover la eliminación de las pocas instancias regulatorias de la calidad en la educación superior, como la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). A esto se suma que, hasta el momento, ningún candidato de quienes parece que pasarían a la segunda vuelta ha dedicado tiempo a pronunciarse sobre el tema. El silencio es, en sí mismo, un mensaje.
La falta de prioridad se vuelve escandalosa al contrastarla con otras partidas. La cancelación de las becas coincide con la compra de aviones F-16 en un contrato controvertido con una empresa estadounidense (primer pago: S/ 1,750 millones; total: S/ 13,300 millones), con una bicameralidad impuesta desde el Congreso (S/ 277 millones) y con la elevación del sueldo presidencial en el gobierno de Boluarte (de S/ 16,000 a S/ 35,500).
El Congreso, por su parte, ha reducido la recaudación en S/ 34,564 millones y ha elevado su propio presupuesto en S/ 366 millones anuales. Según Apoyo Consultoría, el último incremento del Congreso —S/ 485 millones— habría bastado para cubrir más de la mitad del déficit de Pronabec. Para dimensionar: entre 2021 y 2025, la BGB devengó S/ 45 millones. El Congreso asigna en un solo año S/ 134 millones a su propia partida de escolaridad, aguinaldos y bonos. Conforme a los cálculos de Apoyo, esos S/ 134 millones habrían financiado 580 maestrías o más de 320 doctorados en el extranjero.
IV- Más allá de las becas: el desmantelamiento sistémico de la educación peruana
El colapso del programa de becas evidencia que la prioridad del gasto no está en el rubro educativo, pero esto no es lo único. La desatención y el populismo educativo también se observan en múltiples frentes. Vale la pena subrayarlo: no se trata de defender un supuesto privilegio para los «más brillantes» mientras el resto del sistema se desmorona. Las becas son solo la parte más visible, al menos por ahora, del abandono. Si el Estado ni siquiera sostiene ese pequeño presupuesto, ¿qué podemos esperar para el resto?
En la educación superior, asistimos a la creación de universidades públicas a diestra y siniestra en busca de réditos políticos, en lugar de mejorar y extender las universidades ya existentes. Asistimos también al desmantelamiento de la Sunedu: el organismo encargado de supervisar la calidad educativa ha pasado a incorporar a los propios regulados en su dirección —incluyendo a los rectores—, replicando el modelo de la infame ex-ANR bajo la excusa de “restablecer la autonomía y la institucionalidad”. A esto se suman la Ley de licenciamiento permanente aprobada por el Congreso, que debilita los estándares y desincentiva la mejora continua, y el SINEACE, que sigue en «reorganización» desde 2014 sin haber logrado las metas de acreditación en programas obligatorios como educación y salud. Volvemos a una autorregulación institucional sin control de calidad.
En la educación básica, el escenario tampoco es alentador. Perú fue uno de los países que más tardó en abrir las escuelas en el mundo con la aparición de la Pandemia del Covid19. Tras dos años con las aulas cerradas, se ha registrado una pérdida de aprendizajes que el Banco Mundial estima como un retroceso equivalente a 10 años[1]. Los indicadores son alarmantes de acuerdo con la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes del Minedu: en segundo grado de primaria (2023), 63.4% no alcanza los aprendizajes esperados en comprensión lectora y 88.8% en razonamiento matemático; en cuarto grado (2024), 67.2% en lectura y 70.5% en matemática. La infraestructura tampoco ayuda: para el año 2025 el déficit alcanza los S/ 172,000 millones —25% más que la meta del Plan Nacional de Infraestructura Educativa—, y para el 2026 se reporta que el 98% de las escuelas tiene instalaciones inadecuadas y la mitad requiere intervención urgente. Y mientras las escuelas se caen, los niños se intoxican: Wasi Mikuna, antes Qali Warma, arrastra escándalos de intoxicaciones masivas en Piura y Bagua Grande, producto de un debilitamiento estructural en la supervisión y sospechas de favorecimiento a proveedores.
V- La encrucijada final
A los niños, adolescentes y jóvenes peruanos les están robando el futuro. Se dice que no hay presupuesto, pero todo indica que sí existe pero se dirige a otras “prioridades”. La coyuntura sitúa la educación en el centro del debate solo cuando un escándalo hace visible una crisis, para después volver a desplazarla hasta que una nueva alerta la reactive. Nos olvidamos también de quienes nos llevaron a esta situación: desde quienes hacen las leyes que debilitaron el sistema educativo preservando intereses subalternos, hasta los funcionarios públicos que con su desatención agudizaron la crisis.
La desatención de la educación peruana en todos los niveles durante los últimos años no hace más que demostrar el profundo desinterés de quienes nos han gobernado. No solo se ha jugado con los sueños y expectativas de miles de estudiantes y sus familias; se ha dejado al país sin uno de sus principales motores para la movilidad social. No hay nada más cruel para una nación que dejar de invertir en su propia gente.
Si después de la segunda vuelta de este año logramos contar con un gobierno progresista, la agenda educativa no puede limitarse tan solo a fortalecer el sistema de becas. La búsqueda de la excelencia y la equidad a través de la reforma educativa debe extenderse a todos los niveles. Se trata, sí, de recuperar las becas para los jóvenes más talentosos, pero también de garantizar que cada niño, tenga el rendimiento que tenga, encuentre en la escuela un lugar donde desarrolle todas sus potencialidades.
El fortalecimiento y la efectiva democratización de la educación exigen, como primer paso, una priorización real en el presupuesto público. Asegurar financiamiento es indispensable, pero no suficiente. La educación puede y debe ser una herramienta de transformación: una «práctica de la libertad», en el sentido que proponía Paulo Freire, capaz de formar ciudadanos que intervengan activamente en la realidad y no solo se adapten a ella. Eso es cierto tanto para el joven que estudiará un doctorado en el MIT como para la niña de una comunidad rural que inicia su trayectoria educativa.
Esa es la tarea del próximo gobierno: dejar de ver al estudiante como un sujeto pasivo, sin derechos, que depende únicamente de la buena fortuna para acceder a oportunidades, y reconocerlo como un agente con potencial que el Estado debe desarrollar. Si bien uno de los problemas centrales de la educación peruana es el presupuesto, también lo es la ausencia de un horizonte claro sobre el modelo educativo que queremos construir como país.
La elección es evidente: o se fortalecen las reformas educativas para todos o se abandona a los estudiantes a un mercado desregulado que profundiza desigualdades y normaliza el privilegio. O se deja atrás el populismo electoral, o se diseñan políticas públicas serias que no solo amplíen el acceso, sino que garanticen calidad. Le corresponde al nuevo gobierno decidir si asume con responsabilidad la transformación del sistema educativo o si persiste en un camino que, lejos de cerrar brechas, nos acerca cada vez más a una sociedad desigual y fragmentada. En el fondo, la vieja encrucijada sigue vigente: educación o barbarie.
Notas:
[1] Véase https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/unicef-advierte-que-el-peru-vive-una-crisis-educativa-sin-precedentes-llamado-priorizar-ninas-ninos-adolescentes.