Por Juan V.
En unos días los peruanos acudiremos a las urnas para elegir presidente de la República. Asimismo, a partir del 28 de julio y después de más de 30 años de parlamento unicameral, volverá a funcionar la bicameralidad, interrumpida por el golpe de Estado fujimorista de 1992. En esta segunda vuelta están en juego dos dimensiones fundamentales para el Perú de hoy. Por un lado, la creciente agitación geopolítica global (con Estados Unidos en decadencia y un mundo multipolar en ascenso) exige que el país adopte posiciones soberanas y no alineadas, que privilegien la integración regional y las relaciones diversificadas. Por otro lado, el avance del fujimorismo sobre el control del Estado, gestado durante años de rearticulación política y radicalización reciente, amenaza con consolidar el poder fujimorista. Así lo que está en juego no es sólo un nuevo gobierno sino realineamientos de hondo calado para el país.
Perú en el escenario internacional
Latinoamérica vive hoy uno de los escenarios más complejos de las últimas décadas. El viejo poder imperial de Estados Unidos está en decadencia junto con los horizontes de sentido promovidos por Occidente. Asistimos a un creciente mundo multipolar, y en este contexto la vieja Doctrina Monroe ha regresado actualizada. El gobierno de Trump impulsa acciones para retomar el control de la región y afirmar desde allí su poder global ante potencias emergentes. No es una acción enteramente nueva —la influencia estadounidense ha sido permanente—, pero ahora ocurre en un momento de pérdida de hegemonía en varias regiones del mundo y pensada en términos de un “repliegue estratégico”.
El control sobre la región se despliega de diversos modos: el bombardeo a lanchas en el Caribe, el ataque a Caracas y secuestro de Maduro, el apoyo y financiamiento a Javier Milei en las últimas elecciones legislativas de Argentina, las amenazas sobre Honduras en medio de sus comicios presidenciales, los ataques al gobierno de Colombia y al sistema judicial brasileño son ejemplos de ese despliegue imperial en la región.
En las últimas décadas, la política exterior peruana ha estado alineada con Estados Unidos en la región y con Occidente a nivel global. No obstante, el desarrollo de relaciones comerciales con China ha llevado a que este país se convierta en el principal socio comercial del Perú[1]. Las exportaciones de productos primarios hacia China son funcionales tanto al modelo peruano primario-exportador y anti-industrial vigente desde 1992 como a los intereses chinos de abastecerse de materiales para su vigorosa producción industrial. Este vínculo crea una tensión: mientras la élite política y económica se alinea a EEUU el flujo comercial con Pekin es creciente desde hace varios años.
Lo que esta en juego en términos de política exterior es la ubicación del Perú en un papel activo o por lo menos neutral de cara a la integración regional y el no alineamiento con potencias externas, abriendo y promoviendo relaciones comerciales con todos los países. La apuesta de la derecha esta abiertamente alineada a la política imperial que Trump promueve en la región. Trump no promueve otra cosa que restaurar el viejo poder imperial erosionado por las propias contradicciones de la globalización neoliberal. La concepción de la política externa del Corolario Trump[2] busca excluir a otras potencias, especialmente China, de la región a la que define como su patio trasero. Un alineamiento a la política estadounidense es dañina y contraria a la premisa de comerciar soberanamente con todos los países. Del cipayismo de la derecha con esta política trumpista no hay dudas.
La consolidación de una fuerza creciente: la rearticulación del fujimorismo
El fujimorismo es desde hace varios años la principal fuerza política entre las derechas, especialmente luego de la caída del gobierno de PPK y la debacle organizativa de las derechas tradicionales. La solidez actual del fujimorismo no es un accidente coyuntural, sino el resultado de un proceso de rearticulación de varios años que comenzó inmediatamente después de la caída de Alberto Fujimori en el 2000.
De este modo, desde la huida y exilio al Japón, Fujimori implementó una estrategia orientada a rearticular sus fuerzas: creó una página web, un programa de radio (como canales de comunicación con sus simpatizantes), nombró voceros como Carlos Raffo, y logró unificar las facciones dispersas bajo el partido Sí Cumple, luego renombrado Fuerza 2011 y finalmente Fuerza Popular. El núcleo ideológico de esta reconstrucción fue una narrativa de “persecución política”: Fujimori se presentó como víctima de enemigos internos y externos que buscaban destruir su legado. Esta narrativa cohesionó a las bases y justificó la defensa de un gobierno que, pese a sus crímenes y corrupción, era reivindicado como salvador de la crisis de los noventa.
El fujimorismo participó en las elecciones del 2006 con Martha Chavez como candidata y si bien no pasó a la 2da vuelta logró movilizar a las bases fujimoristas en torno a la consigna de liberación y reivindicación del gobierno fujimorista de la década anterior. Chavez en esta elección obtuvo alrededor de un millón de votos lo que demostró que, aun en un contexto de fuerte rechazo al legado autoritario, el fujimorismo seguía siendo una fuerza relevante. Más importante aún: permitió consolidar a Keiko Fujimori como la heredera visible del movimiento, tras su activa participación en la campaña y su elección como congresista con la más alta votación nacional. Los comicios de 2006 fueron, así, un ensayo general de la estrategia que décadas después perfeccionarían: capitalizar el descontento con la clase política gobernante, mantener viva la figura del padre como mito fundacional y construir un liderazgo filial que pudiera navegar entre la defensa del legado y la necesaria moderación ante el electorado.
Keiko Fujimori asumió el liderazgo del fujimorismo rearticulado en Fuerza 2011 (luego Fuerza Popular) y durante las campañas de 2011 y 2016 el movimiento osciló entre la defensa abierta del legado autoritario y un intento fallido de moderación. En 2016, Keiko reconoció las violaciones de derechos humanos de la década fujimorista, pero no logró desprenderse del lastre histórico. Aunque perdió la presidencia, obtuvo una aplastante mayoría parlamentaria (73 de 130 curules), lo que le permitió controlar el Congreso durante el gobierno de PPK y Vizcarra. Sin embargo, el desgaste por la confrontación permanente y los escándalos de corrupción (Lava Jato, Cuellos Blancos) pasaron factura: en las elecciones parlamentarias de 2020, luego del popular cierre del Congreso, Fuerza Popular se desplomó a solo 15 curules.
Es en ese contexto de desgaste, y amenazados con ser desplazados por otras fuerzas de la derecha que el fujimorismo radicalizó sus posiciones. Comenzó así un tránsito de un conservadurismo pragmático a un conservadurismo radicalizado. Entre 2020 y 2022 Fuerza Popular adoptó las narrativas y estrategias de la “nueva derecha” global: alimentó activamente la polarización a través de un anticomunismo militante, llevó adelante denuncias de fraude electoral sin pruebas, asumió la pauta conservadora de defensa de la “familia tradicional” contra la “ideología de género”. Desde el parlamento articuló y contribuyó al cerco institucional contra el gobierno de Pedro Castillo que derivó en su destitución en diciembre de 2022. Además, profundizó alianzas con grupos religiosos y conservadores, así como empezó a participar activamente de plataformas internacionales de las derechas como el Foro de Madrid, la Conferencia de Acción Política Conservadora, etcétera. Esta radicalización le permitió sobrevivir a la derrota de 2021 y consolidarse como la principal (y más articulada) fuerza entre las derechas.
Con la instalación de Dina Boluarte como presidenta empezó un proceso de parlamentización del Ejecutivo. El nuevo gobierno fue sostenido por una coalición entre el Ejecutivo y las bancadas de derecha en el Congreso que consolidaron el poder fujimorista. Si bien no ejercen la presidencia, desde el Congreso controlan al Ejecutivo y una serie de instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, entre otros. El éxito en elecciones de 2026 son para el fujimorismo un paso más en su control sobre el Estado.
Finalmente, en estas elecciones no solo se define quién ocupará Palacio de Gobierno. Está en juego, por un lado, la orientación de la política exterior peruana en un contexto cuyas definiciones pueden influir en el desarrollo del país en los próximos años. Está en juego si continúa el alineamiento sumiso con Estados Unidos —como promueve la derecha— o si el país opta por una inserción internacional más autónoma y diversificada. Por otro lado, está en juego si el fujimorismo, tras años de rearticulación y radicalización, logra consolidar su control sobre el Estado desde el Ejecutivo y el renovado Congreso bicameral.
Se acostumbra a decir que “la política es la política internacional” y en este caso no hay equivoco: en el plano internacional Trump y sus aliados ven en el Perú la posibilidad de reafirmar al país como un “perro simpático que está durmiendo en la alfombrita” (dixit PPK[3]) por lo que en esta segunda vuelta el apoyo a Fuerza Popular no está en dudas. Enfrentamos así dos arremetidas: la agresividad del imperialismo en crisis; y la arremetida de las derechas peruanas cuya dirección y radicalidad es hegemonizada por el fujimorismo.
[1] Ver los datos de la evolución de la relación comercial Perú-China en: https://oec.world/es/profile/country/per
[2] El documento Estrategia de Seguridad Nacional delinea la perspectiva agresiva de los EEUU de cara a los tiempos actuales.
[3] RPP, PPK: «Para EE.UU. América Latina es como un perro simpático que no genera problemas», 26 feb 2017.